Opinión

Cuando los «bebés» van a la escuela

Una especialista analiza el «crecimiento desmedido» de la primera infancia escolarizada.

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Por Carolina Snaider (Magíster en Administración de la Educación – Di Tella)

Hace más de una década que en nuestro país asistimos a un crecimiento desmedido de bebés escolarizados. El adjetivo “desmedido” es literal: no tenemos cifras exactas de la cantidad de familias que, cada mañana, ponen pañales y mochila a sus hijos para enviarlos al jardín.

 

Además, la organización del sistema educativo presenta elevados niveles de inequidad: básicamente les da menos a quienes más necesitan educación. Para peor, tampoco se vislumbran propuestas de políticas públicas a gran escala que atiendan a nuestras futuras generaciones como realmente lo ameritan. Pero para entender mejor esta situación, empecemos por el principio…

 

La institucionalización de la primera infancia surgió principalmente como respuesta al ingreso de la mujer al mundo laboral hacia mediados de los años ’60. Mujeres y bebés salieron del espacio íntimo del hogar: unos para ir al trabajo, otros para ir al jardín. Desde ese momento, la escolarización de bebés y niños pequeños ha aumentado a un ritmo vertiginoso.

 

El incremento ha sido explicado no solamente como respuesta al cambio de rol de la mujer, sino también como respuesta a cambios en la concepción de la niñez y del rol de las instituciones educativas en el desarrollo evolutivo infantil.

 

Hacia finales del siglo XX se fue avanzando desde un modelo tutelar al paradigma de la protección integral de derechos. En el año 1989 la Convención de los Derechos del Niño reivindicó el carácter del niño -quien hasta entonces considerado un “menor”- comenzó a concebirse como un sujeto de derechos.

 

Al mismo tiempo se define la identidad pedagógica del nivel inicial, y la decisión familiar de enviar a un niño al jardín maternal y de infantes dejó de remitirse tan solo a una necesidad de relevo en las tareas de crianza durante la jornada laboral y pasó a constituir un objetivo pedagógico.

 

Esta misma mutación se refleja en el plano legal local: el Estado argentino reemplazó en el año 2005 la Ley de Patronato de Menores No 10.903 (vigente desde el año 1919) por la Ley de Protección Integral de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes No 26.061.

 

Asimismo, la Ley de Educación Nacional No 26.206, reconoció en el año 2006 el status del Jardín Maternal (ciclo del Nivel Inicial que abarca desde los 45 días a los 2 años) como parte del sistema educativo y asignó al Estado el rol de garante.

 

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Como hemos anticipado, la evolución de la matrícula en el jardín maternal refleja congruencia con estos cambios descriptos. Para el año 2013, los datos oficiales registran para todo el país 72.310 más bebés y niños pequeños escolarizados que en el año 2000, lo cual significa un crecimiento en poco más de una década de casi un 340%. Pero no todas son buenas noticias de avances y crecimientos…

 

En primer lugar, cuando las cifras se desagregan respecto al sector de gestión, la escuela privada supera notablemente a la estatal: 25.540 “alumnos” se incorporaron a las escuelas públicas y 46.770 a las privadas.

 

Cabe señalar, que esta ventaja de la escuela privada por sobre la escuela pública no es propia del nivel inicial sino que se repite en el resto de los niveles del sistema educativo argentino. En el nivel inicial, sin embargo, las familias que no pueden solventar la cuota mensual no solo ven socavadas las posibilidades de elegir su escuela, sino directamente de acceder a una. Provincias como San Juan, San Luis, Santa Cruz y Santiago del Estero, por ejemplo, tienen oferta estatal cero de salas maternales.

 

En segundo lugar, el panorama es ampliamente más complejo. La Atención y Educación de la Primera Infancia (AEPI) en nuestro país configura un escenario sumamente fragmentado, afectado por la diversidad de normativas que lo regulan y la fragmentación en las modalidades de provisión.

 

Las cifras expuestas previamente refieren a lo que se considera “matrícula oficial”; pero a diferencia de lo que sucede en niveles posteriores del sistema educativo, en el Nivel Inicial existen una gran cantidad de servicios educacionales sin reconocimiento oficial por las autoridades educativas– es decir, que el Estado no reconoce como instituciones escolares.

 

El espectro de modalidades a nivel nacional es aquí inabarcable, pero podemos señalar que van desde los Centros de Desarrollo Infantil, Centros de Acción Familiar, Juegotecas, pasando por jardincitos privados hasta los Jardines Comunitarios… Todos funcionan en un marco superpuesto y desarticulado de diferentes áreas del Estado, del sector privado y de la sociedad civil sin contar con un acuerdo unificado sobre las condiciones básicas necesarias para operar estos espacios.

 

Mientras los jardines incorporados a la enseñanza oficial son regulados mediante diseños curriculares, estatutos docentes y reglamentos escolares, el resto de los servicios- que atienden prioritariamente a poblaciones con necesidades básicas insatisfechas– responden a lógicas de menores exigencias en cuanto a infraestructura, supervisión pedagógica, condiciones de contratación y niveles de profesionalización y capacitación del personal.

 

En suma, las inequidades en el acceso se ven agravadas por las desigualdades en la calidad.  A pesar de que en su conjunto estas modalidades absorben un gran porcentaje de la matrícula total, las estadísticas oficiales no registran ni publican de forma sistemática datos al respecto.

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Hacer efectivos los derechos de los niños más allá de las proclamas legales es una responsabilidad pendiente que tenemos nosotros, los adultos. Adeudamos para con nuestras futuras generaciones acciones concretas que permitan organizar un sistema de AEPI más justo donde no convivan ofertas de primera  con instituciones de segunda mano.

 

Generar información confiable es un primer paso indispensable. Deberíamos considerar también, si es que aspiramos a la excelencia, un sistema integral que respete la diversidad, que expanda sus posibilidades más allá de la institucionalización, que en línea con las recomendaciones de estudios internacionales fortalezca los ambientes de aprendizaje hogareños permitiendo, por ejemplo, que la lactancia materna sea posible para quienes hoy asisten a la sala lactantes. (Paradojal denominación para la sala a la que van niños de 45 días a 1 año).

 

El Estado no puede estar ausente, pero a la vez no puede perder de vista que lo que está en juego es una de las tareas hasta hace no mucho tiempo considerada la más íntima de una familia: la crianza de sus bebés.

 

Fotos: GCBA.

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